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POLÉMICA PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA LOS RESTOS DE LOS FUSILADOS POR EL FRANQUISMO


El Ejecutivo divide a las entidades dedicadas a la memoria histórica

La mayoría cree que la búsqueda y la exhumación debe realizarlas el Estado

LUIS DÍEZ
MADRID

La disposición del Gobierno para financiar la localización y exhumación de fusilados por el franquismo durante y después de la guerra civil ha dividido a las asociaciones que trabajan para recuperar la memoria histórica. Ocho entidades alineadas con las tesis del equipo Nizkor de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han rechazado la medida y han pedido entrevistas con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y con los grupos parlamentarios, mientras que otras dos asociaciones han acogido de buen grado la decisión del Ejecutivo.
La polémica está abierta. Una orden ministerial de De la Vega, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 17 de diciembre pasado, considera "proyectos subvencionables" la investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore.

LA DISCREPANCIA
La disposición atribuye a "los particulares o agrupaciones de particulares que ostenten interés legítimo" la búsqueda y exhumación de las víctimas. En este punto se ha producido la mayor fricción y desacuerdo, pues la mayor parte de las asociaciones de víctimas de la represión franquista y de recuperación de la memoria histórica consideran que "estos aspectos concretos son parte de la responsabilidad jurídica del Estado y no pueden ser delegados o subcontratados a particulares o agrupaciones de particulares sin violar la legalidad".
Las asociaciones disconformes con el procedimiento del Gobierno invocan las normas europeas e internacionales: leyes rituales sobre el desenterramiento e identificación de víctimas, normas de antropología forense de obligado cumplimiento en la UE y normas derivadas del Derecho Internacional humanitario.
Estas asociaciones han enviado una carta a De la Vega en la que le manifiestan su discrepancia y le piden una entrevista urgente, antes de que se aplique la orden. Entre los firmantes están la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la Segunda República, la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE), la Manuel Azaña, el Instituto Republicano de Derechos Humanos, el representante del Equipo Nizkor y la Federación del Foro por la Memoria, que preside José María Pedreño y que ha dado cobertura a la mayor parte de las exhumaciones de estos años.

A FAVOR
La disposición ha sido bien acogida por la Asociación de la Memoria Histórica, de la que se ha separado Pedreño para evitar la limitación del Partido Comunista, y por la Asociación de ex Presos y Represaliados Políticos.
La norma contempla subvenciones para la instalación de placas y elementos identificativos de las víctimas de la sublevación franquista, la recopilación de testimonios, documentación escrita, cursos y seminarios, la rehabilitación de intelectuales y artistas y la identificación de obras públicas realizados por presos esclavizados por el franquismo.

*Fuente : El Periódico, 23 de enero de 2006