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Centros educativos con nombres franquistas... todavía

José Ramón Villanueva Herrero*

En la actualidad, se alude con frecuencia a la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica colectiva, aquella que nos hurtó y manipuló durante décadas la dictadura franquista. Este fenómeno, que tantos recelos genera en determinados sectores, supone, no obstante, un claro síntoma de la vitalidad democrática de nuestra sociedad civil y, por ello, pienso que debe de ser apoyado y respaldado por la ciudadanía y, por supuesto, por todas las instituciones públicas.

Dicho ésto, resulta sorprendente y penoso a un tiempo constatar la flagrante y ofensiva pervivencia, todavía, de determinados nombres que, en nuestra toponimia urbana, exaltan a determinadas figuras de la dictadura franquista. Y es que, transcurridos 30 años desde la muerte del dictador y 25 de existencia de ayuntamientos democráticos, aún figuran en algunos edificios públicos los nombres de destacados partidarios del régimen liberticida que fue el franquismo y que simboliza la página más negra de nuestra historia reciente. Ello se debió a que, durante la Transición, tal vez por excesiva prudencia, no se culminó la necesaria supresión de toda la toponimia urbana de signo franquista.

Es preciso recordar que ésto no ocurre en ningún país de nuestro entorno que haya sufrido una dictadura similar a la padecida en España: sería impensable encontrar en Alemania, Italia, Francia o Portugal calles o centros escolares que honrasen en la actualidad a personalidades vinculadas con el nazismo, el fascismo, el régimen colaboracionista de Vichy o el salazarismo respectivamente. Y ello por una razón obvia: porque estas denominaciones fascistas y liberticidas no tienen cabida en una sociedad libre y democrática. Pero en España, todavía no podemos decir lo mismo: desgraciadamente, muchos poderes fácticos, muchas inercias y muchos temores infundados mantienen nombres que ofenden a nuestra conciencia ciudadana. No nos engañemos: este no es un debate entre izquierda y derecha, es pura y llanamente una reafirmación de nuestras más elementales convicciones democráticas.

Este hecho resulta especialmente grave en lo que afecta a los centros educativos que, después de tantos años, todavía conservan nombres vinculados al franquismo. Como recordaba el diputado socialista González Serna, "en una democracia madura, como la nuestra, no se puede permitir que haya niños y niñas que acudan a diario a centros educativos que llevan por nombre el del dictador o el de alguno de sus colaboradores" (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 133, 3 noviembre 2004). Por ello, en nuestra provincia de Teruel, tenemos los casos del Instituto José Ibáñez Martín de Teruel, así como el del colegio público de idéntico nombre ubicado en Utrillas, el C. P. Emilio Díaz de Alcañiz o el C. P. Juan Espinal, en la capital turolense. Todos estos nombres, dedicados a personas adictas a la dictadura y que no representan en absoluto los valores de libertad, justicia, progreso social y pluralismo que rigen nuestra sociedad actual, deberían ser sustituídos de forma inmediata mediante el oportuno consenso entre los respectivos consejos escolares y las fuerzas políticas e instituciones locales.

No está de más recordar que, tras la reciente aprobación de la Proposición no de Ley sobre retirada de los símbolos de la dictadura franquista de los edificios públicos del Estado donde aún persisten de 3 de noviembre de 2004, se considera no sólo como "símbolos franquistas" a los monumentos y lápidas, sino también los nombres de las calles y centros educativos cuyas denominaciones resultan contrarias a los valores de la legalidad democrática constitucional. Por ello, estos anacronismos ofensivos para nuestra conciencia de ciudadanos libres, deberían subsanarse cuanto antes y con el mayor consenso político y social del que, desde el respeto, pero también desde la fimeza democrática, seamos capaces.

* Historiador

*Fuente : Diario de Teruel, Opinión. 13 de enero de 2005