El temor y el temblor. Fernández de la Vega y la Ley de Memoria Histórica

Es preferible que el compañero Rodríguez Zapatero deje reposar en paz los mohosos y desolados huesos de su abuelo, del mío y de tantos, de tantísimos otros; que los deje esperar a que otro menos medroso, más valiente, más honesto y más recto que él, se atreva a dar a cada uno lo suyo, porque unos y otros no somos iguales.
Mauricio Gallego [13.09.2005 11:54]

In memoria Félix Gallego Caballero.
Alcalde republicano de Carranque (Toledo).
Fusilado la madrugada del 22 de noviembre de 1936

No se puede provocar a la fiera porque vive entre nosotros y de nosotros se alimen-ta, parece que dice la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, cuando anuncia o reconoce la parálisis del proyecto de ley sobre recuperación de la memoria histórica.

Tiene razón en algunas cosas: La alimaña comparte nuestro suelo y está viva. Sus verdaderas dimensiones sólo se pueden presumir atendiendo con detenimiento a una frase del memorable Aznar: "A la derecha del PP no hay nada". Ese pequeño falangista de Valladolid era sincero y decía la verdad. Ellos eran, también, la "derecha del PP", en ellos resucitaba un franquismo del que nos creíamos haber deshecho como se deshace uno de la escoria de una hoguera apagada.

Tengo la sospecha de que más allá de las políticas neoconservadoras, de su coautoría no discutible en la quiebra de doscientos años de Derecho Internacional, de su participación en unos hechos que inevitablemente hubieran sido calificados como "crimen de agresión" en aplicación del Estatuto del Tribunal de Nuremberg, de las corruptelas o corrupciones de Valencia, de Madrid, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en cualquier otra parte; los años del gobierno del PP son, por derecho propio, ominosos en un sentido más concreto. Ha sido un tiempo de degradación moral. Han sido los años en los que se ha abierto las compuertas que nos separaban del subsuelo, de la reaparición en el espacio público de los "canallas abnegados" o de los "bohemios en armas", de la reivindicación desvergonzada de la matanza, apenas velada con el nombre de "revisión histórica" y, sobre todo, de una escenificación pervertida del principio de igualdad.

Doña Teresa lo sabe. Ella es jurista, no una triste leguleyo en la que la buena marcha de las cuentas del despacho ensombrece los principios o los disuelve del todo. No obstante, parece que pesa sobre ella y sobre el ejecutivo del que es vicepresidenta, el carácter timorato que hemos heredado de la derrota. Sólo así, me parece a mí, se puede explicar que desde el Gobierno se digan cosas como esta: " buscar un proyecto ambicioso… que contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas "

Ya mantuvieron los romanos que iuris preacepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere . Perdóneseme el latinajo, pero la solemnidad de la ocasión creo que lo requiere, porque en este momento y ante esta noticia, a Doña María Teresa Fernández de la Vega habrá que recordarle los lejanos tiempos de las clases de Derecho romano, en los que al estudiante recién llegado a la facultad se le enseñaba, antes que nada, que los preceptos de la justicia o del Derecho son "vivir honestamente, no dañar a otro y darle a cada uno lo suyo".

Si lo recuerda, si al margen del pragmatismo político, que tanto daría decir, indignidad política, conserva lo que se llama sentido de la justicia, quizás se ruborice, aunque sea en la intimidad, al considerar hasta qué punto ha añadido injuria al escarnio.

No tiene para ello que recurrir a grandes preceptos, viejos y hermosos como el de Ulpiano. El fundamento jurídico que la constriñe a actuar de otra manera, de forma in-versa a como lo está haciendo, es Derecho positivo en nuestro país y ese Derecho posi-tivo la obliga compulsivamente, a ella y al Gobierno del que forma parte.

El principio de igualdad es valor superior del Ordenamiento constitucional (art. 1.1 CE) y, de forma mucho menos indeterminada, es también reconocimiento de la obliga-ción jurídica y política de los poderes públicos de establecer situaciones de igualdad real y efectiva.

Esto no es nuevo, ni tampoco una interpretación parcial y subjetiva del Derecho po-sitivo, es decir, del Derecho vigente español. En el 83 el Tribunal Constitucional decía, y luego lo ha seguido repitiendo incesantemente, que no tiene por qué ser ilícito el trato jurídico desigual a supuestos de hecho, a situaciones, a estados de cosas, en sí mismos desiguales. Además, después de dejar sentada esta premisa que, al fin y al cabo, es puro sentido común, añadía que ese trato desigual puede tener la función de dar respuesta efectiva y cierta a la exigencia constitucional, de "igualdad real" puesto que, en este caso, " la diferencia de régimen jurídico no sólo no se opone al principio de igualdad sino que aparece exigida por dicho principio y constituye instrumento ineludible para su debida efectividad " (STC 3/1983, de 25 de enero. FL 3º).

Justicia, pues, en nuestro Derecho, al que el Gobierno está tan obligado como cualquiera de nosotros, es tratar igual a lo igual y tratar de forma diferente a lo distinto, es decir, es darle a cada uno lo suyo ( suum cuique tribuere ).

Por esto, la afirmación de Doña María Teresa, o del Gobierno en su conjunto, según la cual el proyecto de Ley de Recuperación de la Memoria Histórica debe "contentar a los dos bandos" no solamente es dicterio insufrible sino, sobre todo, un ilícito.

Puede que no sea un ilícito penal, aunque debería serlo y puede que los hechos no encajen en los tipos de los artículos 404 ó 446 del Código Penal, que no sean una preva-ricación penalmente relevante -aunque no faltan argumentos que se podrían utilizar para sustentar esa acusación- Pero es, al menos en sentido lato, una prevaricación, pues quien actúa, con autoridad y poder, injustamente y a sabiendas, prevarica y la señora Vicepresidenta, junto con los demás miembros de Gobierno no ignoran una injuria que se despliega a su vista, ciencia y paciencia.

No solamente no la ignoran, sino que la definen cuando confiesan que " las víctimas de los dos bandos no están en igualdad de condiciones -Cito textualmente el artículo de Carlos E. Cué aparecido hoy, 12 de septiembre de 2005 en El País- porque mientras el franquismo honró a sus muertos, los sacó de las fosas comunes y los convirtió en héroes, los republicanos quedaron olvidados en la cunetas prácticamente hasta este nuevo siglo, cuando varios jóvenes nietos de represaliados han reabierto la memoria ").

Es verdad que el Gobierno tiene potestad para legislar sobre cierta materia o para no hacerlo, pero es más verdad aún, que no tiene potestad, que no puede, legislar en contra del Derecho y de la Constitución. Acepto que Doña María Teresa y los demás miembros del Gobierno, incluido su Presidente, no hayan aún "prevaricado"; pero lo que sí están haciendo es anunciarnos su intención de prevaricar, de dar, contrariamente a lo que el Derecho y la Justicia exigen, un trato igual a lo esencialmente desigual.

No veo que sea causa de justificación, si estos hechos se consuman, si el espíritu medroso cede ante la amenaza de una carcunda que vuelve a estar arrogante y a mostrar con soberbia la impunidad inédita en la que se regodea; alegar la utilidad política o, lo que sería más lastimoso, el miedo insuperable, para incumplir lo que debe ser cumplido.

No acepto el temor y el temblor de un gobierno legítimo como causa de justificación para actuar contra legem , para permitir y hacer que al crimen y al dolor, que es su fruto, se una un nuevo escarnio, poniendo en pie de igualdad a víctimas y verdugos. A fe mía que para ese viaje no necesitamos alforjas.

Si eso es todo lo que este Gobierno puede hacer, es preferible que no haga nada. Es preferible que el compañero Rodríguez Zapatero deje reposar en paz los mohosos y desolados huesos de su abuelo, del mío y de tantos, de tantísimos otros; que los deje esperar a que otro menos medroso, más valiente, más honesto y más recto que él, se atreva a dar a cada uno lo suyo, porque unos y otros no somos iguales, como no es igual la violencia de quien con justa causa se defiende, que la violencia de quien arremete y daña.

No somos iguales. Pretender otra cosa, pretendernos iguales es contrario a la naturaleza de las cosas y esa distinción no la ensombrece el hecho de que, entre nosotros, también bregaran alimañas, porque incluso esas alimañas, esos asesinos, si fueron muertos, no recibieron la muerte en pago de sus hechos, sino en aplicación de una "higiene social" inicua e indiscriminada, dedicada a restaurar la soberbia herida del señorito y el despotismo del amo desairado.

Nuestros asesinos, que también los hubo, si no eran inocentes de todo, sí eran inocentes en la causa que les deparó la muerte y es de ahí de dónde se deriva la injusticia inaudita de su condena, tan injusta como la de los que sí eran inocentes de cualquier culpa, muertos sólo para aleccionar, para instaurar un temor y un temblor que se trasladara a través de las generaciones.

Termino con otra frase hermosa y vieja: Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt , y puesto que "lo que prohíbe la naturaleza de las cosas no está confir-mado por ninguna ley", una ley que "contente a los dos bandos" no es aceptable, no es posible, sino que es inaceptable e imposible.

Mauricio Gallego.

*Fuente: KAOSENLARED.NET, 13 de septiembre de 2005